Declaran ilegal actuación de la Contraloría de Salamanca por suspensión de Herlinda Castillo como regidora (2021–2024)

Herlinda Castillo hace un llamado al municipio a entregar sus honorarios caídos y así culminar proceso legal.

La ex tesorera municipal y ex regidora del Ayuntamiento de Salamanca en la administración 2021–2024, Herlinda Castillo, informó que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato resolvió a su favor y declaró ilegal la suspensión que le fue impuesta por la Contraloría Municipal en junio de 2024, derivada de un procedimiento de responsabilidad administrativa. 

En rueda de prensa se explicó que el 24 de junio de 2024 fue suspendida de su cargo como regidora mediante una resolución emitida dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa PRA/003/2024, en el que se le imputó haber realizado una adjudicación directa para la compra de una planta de mezcla asfáltica el 18 de mayo de 2023.

Sin embargo, la ex funcionaria aclaró que dicha adquisición no fue directa, sino que se llevó a cabo mediante una licitación pública, avalada por el Comité de Contrataciones Públicas Municipales bajo el procedimiento LPNP-MS-CCP-002/2023, como consta en el acta de concurso de la fecha ya mencionada.

Asimismo, señaló que desde el inicio del procedimiento se advirtió a la Contraloría Municipal que carecía de facultades para suspender a un regidor, ya que, de acuerdo con el artículo 63 de la Constitución local, únicamente el Congreso del Estado puede suspender o revocar el mandato de integrantes del Ayuntamiento por causa grave.

Pese a ello, mediante el oficio DPM/149/2024, la autoridad municipal notificó la suspensión del cargo y la retención de sus pagos , lo que motivó la interposición de una demanda de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

De acuerdo con su defensa legal, encabezada por el abogado Javier Rangel Ávila, el tribunal a través de la Sala Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo del magistrado Arturo Lara determinó la nulidad total de la resolución, al acreditarse que no existió adjudicación directa y que incluso los testigos presentados por la Contraloría formaban parte del mismo procedimiento administrativo, lo cual resulta improcedente.

El fallo condena a la autoridad municipal a resarcir los daños y perjuicios ocasionados, entre ellos el pago de salarios dejados de percibir durante aproximadamente tres meses y medio, periodo en el que Castillo fue separada de su cargo hasta la conclusión natural de su encargo en octubre de 2024. La ex regidora indicó que su salario mensual era de alrededor de 48 mil pesos.

Durante la conferencia también se hizo un llamado a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para investigar el destino y funcionamiento de la planta de mezcla asfáltica adquirida en 2023 por un monto cercano a 5.9 millones de pesos, ya que según consta en la contestación de la demanda presentada por la propia autoridad municipal el equipo no se encontraba operando al 30 de septiembre de 2024.