El uso de recursos públicos y programas sociales con fines políticos se ha convertido en una práctica recurrente en el país

Alma Alcaraz construyó una narrativa firme en contra del uso de programas sociales para fines políticos. Hoy, esa postura se pone en entredicho por la manera en que promueve su imagen en redes sociales, vinculándola directamente con la entrega de apoyos federales.

En Guanajuato, el uso de programas sociales y recursos públicos con fines de posicionamiento político ha comenzado a generar controversia, especialmente por casos que involucran a figuras vinculadas al partido oficialista. Dos ejemplos recientes, uno que ya le habíamos presentado del municipio de Salamanca y el más reciente, el de la delegada del bienestar, Alma Alcaraz, muestran cómo estas prácticas, legalmente cuestionables, persisten sin sanción aparente. 

Aunque en nuestro municipio se ha señalado desde el trienio pasado, haciendo uso de vehículos oficiales del DIF municipal y espacios publicitarios para promover la imagen de la esposa del alcalde, quien ha encabezado diversas campañas de asistencia social.

Pero ahora el caso que más ha llamado la atención es el de Alma Alcaraz, ex diputada local y ex candidata a la gubernatura, actual delegada estatal del Bienestar; y es que resulta que durante su campaña electoral, Alcaraz construyó una narrativa firme en contra del uso de programas sociales para fines políticos. Hoy, esa postura está en entredicho  por la manera en que promueve su imagen en redes sociales, vinculándola directamente con la entrega de apoyos federales.

Fotografías, y publicaciones la muestran como protagonista de eventos en los que se distribuyen recursos de programas sociales, generando la percepción de que los apoyos provienen de su gestión personal, cuando en realidad se trata de políticas públicas impulsadas desde el gobierno federal.

Es de destacar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había hecho un llamado recientemente a su partido para establecer reglas claras que eviten el uso electoral de los programas sociales, y sin mencionar nombres, reiteró que “los derechos del pueblo no deben usarse para promover a ninguna figura política”.

Aun así, en Guanajuato, los casos de Salamanca y de Alma Alcaraz reflejan una tendencia preocupante, la normalización del uso político de la ayuda social, una práctica que lejos de empoderar a la ciudadanía, la convierte en espectadora de un juego político.